La Procaduría general de Colombia inhabilita a la senadora Piedad Cordoba: avanza el macartismo y la ilegalidad

28.Sep.10 :: Batalla de ideas

Córdoba es integrante del grupo Colombianos y Colombianas por La Paz, el cual ha impulsado la propuesta del intercambio humanitario con las FARC.

La Procuraduría General de Colombia inhabilitó este lunes por 18 años a la senadora liberal colombiana Piedad Córdoba por la presunta promoción y colaboración con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Según la Procuraduría General colombiana, Piedad Cordoba, quien forma parte de Colombianas y Colombianos por la Paz, “colaboró y promovió a las FARC durante el periodo comprendido entre el 15 de agosto y el 20 de noviembre de 2007, así como en momentos anteriores y posteriores a los años 2007, 2008 y 2010″.

“La congresista incursa en la falta gravísima” de “fomentar o ejecutar actos tendientes a la formación o subsistencia de grupos armados al margen de la ley; o promoverlos, auspiciarlos, financiarlos, organizarlos, instruirlos, dirigirlos o colaborar con ellos”, según reza el Código Disciplinario Único de la nación suramericana.

Según un medio local, la senadora liberal ya fue notificada de la decisión del organismo.

Asimismo, el diario colombiano informó que “la investigación tuvo su origen en los hallazgos de los medios electrónicos incautados en la Operación Fénix donde fue abatido alias Raúl Reyes” en el año 2008 en territorio ecuatoriano, cuando el Ejército colombiano bombardeo ilegalmente un campamento clandestino de la FARC.

“En ellos se logró establecer que el cruce de documentos entre el grupo guerrillero y la senadora en los que se identificó con los alias de Teodora, Teodora de Bolívar, la Negra y la Negrita, la parlamentaria se extralimitó en sus funciones así como en la autorización dada por el Gobierno para gestionar el intercambio humanitario”, dijo el Ministerio Público.

Señaló que “se tuvo en cuenta salidas de emigración de la Señora Córdoba, interceptaciones legales telefónicas a los miembros del bloque Libardo García de Cali y la declaración dada por el infiltrado de nacionalidad ucraniana, Viktor Tomnyuuk, que tuvo contactos con el Comandante del Frente 30, Alias Mincho”.

Agrega que “por estos hechos, el Ministerio Público estableció con certeza que la senadora emitió consejos al grupo de las FARC relacionados con no enviar videos de personas secuestradas por el grupo insurgente a cambio de grabaciones de voz de los mismos, con el fin de adoptar una mejor estrategia en la búsqueda de sus objetivos”

Piedad Córdoba “instruyó y solicitó a las FARC que suministraran pruebas de vida de los secuestrados con el fin de favorecer a gobiernos de otros países. Así mismo, efectuó declaraciones en diferentes actos públicos en los que ejerció actos de promoción con el fin de favorecer los intereses del grupo subversivo”, dijo la Procuraduría.

La corresponsal de teleSUR, Tatiana Pérez informó que el fallo contra la senadora colombiana lo realizó la Procuraduría General “quien tomó la decisión de destituir e inhabilitar a la senadora”, quien forma parte de un grupo que se formó en torno a la necesidad y deseo de personas de buscar la paz en Colombia.

Señaló que se prevé que la Procuraduría General de la nación suramericana dé una rueda prensa en horas de la tarde de este lunes.

Pérez reportó que el Partido Liberal y otros miembros del Congreso de Colombia se han manifestado con respecto al caso de la senadora y han exigido a la Procuraduría General las pruebas de las que se le acusa.

Señaló que Piedad Córdoba “puede apelar ante la Procuraduría con su abogados y en este momento ella continuaría siendo senadora antes de que vaya a una segunda instancia”.

Córdoba es integrante del grupo Colombianos y Colombianas por La Paz, el cual ha impulsado la propuesta del intercambio humanitario con las FARC como primer paso para establecer un diálogo y una salida pacífica que ponga fin al conflicto armado que vive la nación suramericana desde hace casi medio siglo.

Asimismo, ha sido artífice de las misiones para llevar a cabo las liberaciones unilaterales de varios retenidos a través del diálogo y bajo la autorización del Gobierno colombiano desde 2008.

La activista colombiana ha defendido intensamente un acuerdo humanitario entre las FARC y el Estado, razón por la cual ha sido duramente criticada por el Gobierno de su país y acusada de tener relaciones con el grupo rebelde.